a) Si el delito que hubiere dado lugar a la sentencia se hubiere cometido contra una persona, una institución o un bien que tenga car or truckácter público en el Estado requirente;
Bulgaria ha implementado un proceso de extradición simplificado con el objetivo de agilizar el proceso de extradición de personas que hayan cometido delitos en otros países y que se encuentren en Bulgaria.
Lo primero que tenemos que advertir es que no toda la fase procesal que vamos a explicar está cubierta por la regulación del CEEx, sino que debido a las lagunas legales que deja este Convenio, hay partes del proceso regulados de forma subsidiaria por la Ley Española four/eighty five de Extradición Pasiva de 21 de marzo (LEP). Cuando esto ocurra lo señalaremos expresamente.
Este sistema establece que los países miembros de la UE deben extraditar a las personas acusadas de delitos en otros países miembros de la UE.
three. Para la aplicación del presente Convenio no se considerará como delito político el atentado contra la Vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.
Tratarse de un delito fiscal. Aunque si los Estados requirente y requerido son firmantes del Segundo Protocolo al Convenio, y no han emitido una reserva al respecto, sí que se aceptará la extradición en estos casos, siempre bajo el requisito de doble incriminación aunque sin la necesidad de que los hechos típicos sean regulados de igual manera por el Estado requirente y requerido (art. two Segundo Protocolo 1978)
En este punto queremos realizar una advertencia de especial importancia para los derechos de la persona afectada por la extradición.
La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
Se prohíbe la extradición si existe el riesgo de que la persona sea sometida a tortura, malos tratos o a un juicio injusto.
Un ejemplo concreto de las dificultades que puede enfrentar la justicia española debido a la falta de un acuerdo de extradición es el caso del empresario ruso Serguéi Magnitski.
Estos tratados establecen las reglas y procedimientos para la extradición de personas acusadas o condenadas por delitos en uno de los países firmantes y que se encuentran en territorio del otro país firmante.
En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.
La cooperación entre países, a través de tratados y acuerdos internacionales, sigue siendo critical para garantizar que los delincuentes no queden impunes y que se aplique la justicia de manera efectiva.
Durante décadas Dinamarca fue conocida como uno de los países del mundo que más apoyaban la causa de los refugiados. No en vano fue la primera nación en firmar hop over to this web-site en 1951 la Convención de la ONU que establece los mecanismos para protegerles.
